La Paz, 12 feb (EFE).- El gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) aprobó este viernes una "amnistía" para quienes se consideran "perseguidos" por el Gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez, incluidos exfuncionarios, y que la oposición rechaza porque dejará impunes varios sucesos violentos ocurridos entre 2019 y 2020.
Un decreto de "Concesión de Amnistía e Indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos" enviado por el Ejecutivo de Luis Arce al Parlamento fue tratado en una bochornosa sesión que concluyó con la elevación de la norma al rango de ley y en medio de airadas protestas de la oposición.
A pedido del senador Leonardo Loza, del MAS, se declaró "suficiente discusión" y se pasó directamente a la votación sin permitir que los opositores expresaran sus opiniones sobre la norma, ante lo cual estos parlamentarios comenzaron a gritar "dictadores", "democracia sí, dictadura no" y "debate es democracia".
El MAS pudo aprobar la ley sin problemas porque tiene la mayoría en ambas Cámaras, pero no los dos tercios y precisamente un cambio al reglamento introducido por ese partido en la anterior legislatura estableció que solo sea necesaria la mayoría simple en votaciones como esta.
Al concluir la sesión, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, informó a los medios sobre la aprobación de la amnistía que beneficiará a quienes fueron víctimas de "persecución política desde octubre de 2019 hasta octubre de 2020".
El decreto "se ha aprobado para lidiar (con) los problemas que están sufriendo nuestros hermanos que sin ningún motivo han sido juzgados, encarcelados, algunos con detención domiciliaria", justificó Rodríguez, del MAS.
El parlamentario evitó dar nombres específicos de quienes podrían beneficiarse con esta norma, aunque admitió que entre estas personas estaría él mismo, pues tiene diversos procesos por los supuestos delitos de sedición y terrorismo que le inició el Gobierno transitorio sin tener pruebas que lo impliquen, aseguró.
"Estamos perjudicados muchos por levantar la voz contra el Gobierno de la señora Áñez", según el senador, que aseguró que por ello fueron "perseguidos" durante todo el año anterior.
LAS CRÍTICAS
Los jefes de las bancadas de diputados de las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, y Creemos, Erwin Bazán, expresaron en una rueda de prensa conjunta su indignación porque, aseguraron, el MAS utiliza una causa noble como la resolución del retardo judicial para que queden impunes varios sucesos violentos de 2019.
Con la norma, se busca "generar una situación de impunidad a favor del expresidente Evo Morales y de su cúpula de Gobierno" y "por los hechos violentos donde ellos han sido los principales responsables después del monumental fraude de las elecciones de 2019", sostuvo Alarcón.
La norma dejará en la "impunidad" las muertes y violencia sufrida por personas que no sean afines al oficialismo, así como la quema y destrucción de propiedad pública y privada durante las manifestaciones posteriores a la renuncia de Morales en 2019, denunció.
Por su parte, Bazán calificó de "funesto" lo ocurrido en el Legislativo porque "el presidente Arce está tomando la justicia en sus manos y está dando amnistía a los masistas".
Según Bazán, con el decreto se beneficiarán también los exvocales del órgano electoral investigados por el supuesto fraude a favor de Morales que derivó en su renuncia y en la peor crisis política y social vivida en Bolivia en los últimos años.
"Este decreto de amnistía e indulto es una manera del MAS de dar impunidad a sus militantes, a los que hicieron el fraude, a los violentos que impidieron el paso de oxígeno y comida a las ciudades y a tantos corruptos y narcotraficantes a lo largo de estos años en el MAS", añadió.
La oposición también anunció que va a recurrir al Tribunal Constitucional e instancias internacionales contra este decreto.
El expresidente Carlos Mesa criticó en Twitter que "la aprobación de una norma para encubrir delitos y dejar en la impunidad la violación de DDHH cometidos por sus correligionarios tras el fraude de 2019, es una acción que muestra que" Luis Arce y el Legislativo "no respetan la justicia ni la democracia".
En la misma red social, el exmandatario Jorge Quiroga consideró que el Gobierno de Arce "se burla" del grupo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga la violencia ocurrida en Bolivia en 2019.
Evo Morales fue declarado vencedor de las fallidas elecciones generales de octubre de 2019 en Bolivia para un cuarto mandato consecutivo, que luego fueron anuladas entre denuncias de fraude a su favor y un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre irregularidades en aquel proceso electoral que él ha rechazado.
El entonces presidente anunció su renuncia en noviembre de 2019 denunciando un supuesto golpe de Estado en su contra, una versión en la que insisten las actuales autoridades nacionales.
