El proceso para retirar al presidente Donald Trump de la Casa Blanca superó la primera fase: se aprobó la investigación y se ha iniciado la ronda de citación de testigos. Y el mandatario está demostrando ser un hueso duro de roer. No está apelando a argumentos jurídicos, sino políticos.
Sus adversarios –incluyendo republicanos moderados– insisten en mencionar las provisiones de la ley, las mismas que pueden resultar difíciles de entender para el gran público.
Mientras tanto, utiliza astutamente las redes sociales, preparándose para las audiencias televisadas.
A ver: la ley protege la identidad del informante anónimo, y el presidente lo sabe.
No es obligatorio presentarlo en público.
En términos simples: en estos casos no interesa el mensajero, sino el mensaje.
Tan pronto se comprobó que la llamada con el presidente ucraniano existió, la “labor” del informante terminó. Sin embargo, una vez que el Congreso aprobó preliminarmente la viabilidad de la investigación, Trump y sus aliados han empezado a usar los medios de comunicación para inocular la duda en el público: el informante y Hunter Biden deben testificar, sino debe anularse el proceso.
Apelan al sentido de “justicia”: todo acusado debe conocer a su acusador. Mero juego político: sí conocemos a su acusador.
La figura del informante anónimo está protegida por la Constitución.
Pongámoslo así: se roba un banco y alguien acusa anónimamente al gerente de estar involucrado. Se confirma que es verdad. Interesa el delito, no quien lo denunció. Así de sencillo.
Sin embargo, en la retina del televidente podría quedar ese halo de duda.
En la justicia ordinaria, el sentido de equidad otorga el derecho de “confrontar y contrainterrogar a quienes nos acusen” (sic).
Sólo que eso ocurre cuando un delito está por demostrarse.
Aquí, ni se acusó un delito ni menos se sindicó culpabilidad, sólo se reportó un hecho, en este caso, una llamada. Es el contenido de esa llamada y sus repercusiones lo que está en cuestión.
Los hechos
Estados Unidos apoya financieramente a Ucrania con material militar, en su lucha contra Rusia. Se acusa a Donald Trump de solicitarle a su par ucraniano, iniciar una investigación contra su oponente en las urnas, Joe Biden, y a su hijo Hunter, como tácito “trueque” para continuar con esa ayuda económica.
En contraparte, los republicanos aseguran que lo que buscaba Trump era cerciorarse que no haya corrupción por parte de padre e hijo –aunque ese acto incluyera a un adversario presidencial directo.
Han sido los propios republicanos quienes insistieron en que las audiencias sean televisadas. Recordemos que el presidente ha conducido y producido varios programas televisivos.
Se prevé que la trinchera republicana insista en argumentos mediáticos que victimicen al presidente, mientras que los demócratas incidirán en el presunto abuso de poder con recursos de nosotros, los contribuyentes.
Entre los llamados a testificar estarán ex combatientes de guerra, políticos de alta jerarquía y funcionarios extranjeros. El show recién empieza.
