PITTSBURGH, Pensilvania — La Corte Suprema de Pensilvania acordó el 8 de noviembre de 2020, tomar un caso presentado por la campaña del presidente Trump donde se alega que observadores electorales en Filadelfia no podían ver el conteo de boletas desde una distancia prudente y cercana.
Ahora le toca al Tribunal Superior del estado determinar si el Tribunal de Pensilvania se equivocó la semana pasada cuando la jueza Christine Fizzano Canno dictaminó que los supervisores electorales estaban demasiado alejados del proceso de recuento de votos en el Centro de Convenciones de Pensilvania en Filadelfia.
Cannon dijo que los observadores electorales podrían llegar hasta 6 pies de quienes contaban boletas.
La Corte Suprema de Pensilvania, que permitió la apelación de la Junta Electoral de Filadelfia, aún no ha anunciado la fecha en que se presentarán los argumentos por parte de la ciudad y la campaña de reelección de Trump.
En una breve respuesta a la petición de apelación de la ciudad, la abogada Linda Kerns, quien representa a Donald J. Trump, escribió que los observadores electorales tenían dificultades para mirar en la sala de conteo del condado de Filadelfia, “con la mesa de escrutinio más cercana a menos 15 pies de distancia, y la mesa más lejana aproximadamente a 100 pies de distancia, sin posibilidad de acercarse”.
“Las pautas de los CDC requieren solo seis pies”, dice el escrito. “La campaña debe encuestar a otros condados y confirmar que sus procedimientos son consistentes con los CDC u otros plazos objetivos, demostrando que el trato desigual de Filadelfia es arbitrario y caprichoso”.
La campaña de Trump está actualmente involucrada en varias otras demandas relacionadas con las elecciones en Pensilvania y otros estados donde la contienda fue reñida.
La campaña presentó otra demanda federal en Harrisburg acusando a la secretaría de Estado de Pensilvania, Kathy Boockvar, de llevar a cabo un “sistema de votación ilegal” que impone trato desigual a los votantes, dependiendo de si sufragaban por correo o en persona.
“Los electores en persona tenían que firmar los registros de votantes, verificar esas firmas con las listas y votar en un lugar supervisado con observadores autorizados por la ley y contar sus votos de una manera abierta, observada, transparente y verificable”, dijo Trump, de acuerdo a un comunicado de prensa que anunciaba la demanda.
Luego añade: “La votación por correo del estado, en la que se emitieron casi 2,65 millones de votos, carecía de todos los sellos de transparencia y verificabilidad que estaban presentes para el votante en persona”.
Los partidarios de Trump fueron criticados en octubre por grabar en video a votantes en los sitios para la entrega de boletas en Pensilvania.
El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo al New York Times que la grabación podría considerarse una intimidación contra los votantes.
“La ley de Pensilvania permite que los observadores electorales lleven a cabo tareas muy discretas y específicas; grabar en video a los votantes en las urnas no es una de ellas”, dijo Shapiro, quien se identifica como demócrata.
“Todo nuestro sistema de votación se basa en que su boleta sea privada y su elección es personal. Dependiendo de las circunstancias, el acto de fotografiar o grabar a alguien que vota puede percibirse como un acto de intimidación, lo cual es ilegal”.
“Pensilvania nos impidió ver gran parte del recuento de boletas. Impensable e ilegal en este país”, escribió el presidente en Twitter.
Entretanto, miles de personas han salido a las calles en defensa de la democracia y el proceso electoral que, tras avanzar el conteo de papeletas en el estado de Pensilvania, dio una victoria pública a los demócratas Joe Biden y Kamala Harris.
