Tras la masacre del 24 de mayo de 2022 en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, comenzaron los debates enfocados en la legislación sobre armas en todo el país.
Los docentes también han expresado su temor por la falta de acción gubernamental, así como Mary Cox, quien enseña a niños de kínder y primer grado en Kentucky.
“Sobreviví a un tiroteo escolar en 2018”, recuerda. “Me encantaría ver un cambio en las leyes de armas y que el gobierno se preocupara más por nuestra seguridad, pero eso no parece posible”, cuestionó.
Ella siempre mantiene la puerta de su salón cerrada con llave y permanece en alerta constante.
“Me preocupa pensar que podría vivir esa tragedia nuevamente. Miro alrededor y me doy cuenta de que mis alumnos no tienen ningún lugar para correr o esconderse si sucede”, advierte.
Días después del tiroteo en Uvalde, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, detalló los pasos para mejorar la seguridad de los estudiantes y maestros.
“Debemos hacer más para fortalecer la seguridad física de nuestras escuelas y garantizar que el personal tenga la capacitación y el apoyo adecuado para mantenerse seguros a sí mismos y a sus estudiantes”, aseguró DeWine.
Las medidas prioritarias del gobernador incluyeron brindar capacitación integral en evaluación de amenazas conductuales para educadores de Ohio, verificaciones de antecedentes precisos y completos ingresados en los sistemas federales, y trabajar con la Asamblea General de Ohio a fin de invertir más fondos para mejorar la seguridad física de sus escuelas, además de las inversiones previas.
El 13 de junio de 2022, DeWine firmó el Proyecto de Ley 99 de la Cámara de Representantes. La nueva legislación reduce drásticamente la capacitación que debe recibir un maestro antes de portar un arma en una zona de seguridad escolar.
Según el sitio web de la oficina del gobernador, la ley codifica el requisito de capacitación razonable de hasta 24 horas en vez de 700 horas, enfatizando que la medida no obliga a armar al personal en los planteles, sino que deja la decisión por completo en manos de las juntas escolares locales.
Mientras tanto, en Kentucky, el Proyecto de Ley 63 permite la presencia policial en cada escuela desde agosto.
Se trata de una extensión de la Ley de Seguridad y Resiliencia Escolar aprobada en 2019, que requiere un oficial en los planteles educativos de Kentucky, según publicó linkynky.com.
El gobernador de Ohio recordó a sus habitantes que tienen a disposición la Línea de Consejos para Escuelas más Seguras de Ohio, un recurso gratuito a nivel estatal para informar de forma anónima sobre preocupaciones de seguridad escolar llamando o enviando un mensaje de texto al (844) 723-3764 en cualquier momento del día.
Para Kentucky, los centros educativos que no cumplan con el Proyecto de Ley 63 de la Cámara, o que no tengan los medios financieros para adoptar las nuevas disposiciones, pueden comunicarse con el jefe de Seguridad Escolar del Estado de Kentucky, Ben Wilcox, al (859) 622-2308.
