Caracas, 2 feb (EFE).- El pasado 6 de mayo, la vida de Orencio Mariñas dio un giro de 180 grados. Su taller textil en Caracas fue ocupado, "invadido", como se dice en Venezuela, y quedó en la ruina. Su caso es uno entre muchos de propietarios de viviendas o locales que ven como se aleja la esperanza de recuperarlos, pues el nuevo Parlamento promete apoyar las tomas, incluso, de casas de migrantes.
"La realidad es que, en Venezuela, la justicia tiene de verdad los ojos vendados. En mi caso particular se me vulneró (...) mi derecho al trabajo. Aun teniendo 80 años, se me arruinó y condenó a la indigencia", explica Mariñas a Efe desde su casa, donde permanece enclaustrado por temor a la covid-19.
Este emigrante español lleva 63 de sus 80 años viviendo en Venezuela, donde pasó los últimos 35 con su pequeña empresa en la que elaboraba morrales, maletas, maletines y bolsos, la misma que iba a reconvertir para tejer tapabocas contra la enfermedad que ha marcado los últimos 10 meses de su vida.
"ÓRDENES DE ARRIBA"
De ese 6 de mayo recuerda algo con especial frustración: llamó a las autoridades, llegaron agentes de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía "y se retiraron porque habían recibido 'órdenes de arriba' para abandonar el edificio".
"Los invasores dicen tener un protocolo muy estricto para dejarnos entrar a las fábricas y nos han permitido entrar para sacar algunas cosas, pero sin poder tomar ninguna foto ni hablar entre nosotros", explica Mariñas desde su encierro forzado por la pandemia.
Sin embargo, la sorpresa de este migrante, en el que todavía es fácil reconocer el acento propio de El Bierzo, creció al recibir permiso para entrar fugazmente a su negocio: "Solo quedaban las máquinas y unos rollos pesados de tela".
"Los materiales y cosas de fácil manejo y fácil venta se los habían robado, desde dos cauchos nuevos de la camioneta, hasta más de 200 bolsos de nuestra producción que se estaban confeccionando", denuncia.
A sus 80 años, le quedan las energías para batallar propias de un quijote como el que adorna su salón y bajo el que espera que pase el peligro del virus. O las de un migrante incansable, como lo es ahora su hijo.
"Prefiero tener honra sin máquinas, que máquinas sin honra", recita mientras recuerda a un gallego ilustre, el almirante Casto Méndez Núñez.
CONFISCAR LOS BIENES DE LOS EMIGRANTES
Ni el miedo ni la situación es nueva. Pero el pasado 5 de enero comenzó a trabajar una nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en la que el 92 % de los diputados son chavistas y su vicepresidenta, Iris Varela, lanzó una promesa que a muchos sonó a amenaza.
"Que se decrete la confiscación de los bienes de todos los que se fueron del país", dijo en una entrevista con un periódico local, afín a las propuestas del oficialismo que no mereció réplica del periodista.
Desde entonces, según explica el activista Carlos Julio Rojas, "ha habido más de diez intentos de invasión", solo en el municipio Libertador, el más grande y tradicional de los cinco que componen el complejo entramado administrativo de Caracas. Lo que en otro lugar, sin ese caos de gobiernos locales, sería el centro de la capital.
"En 2020, (...) hubo 53 intentos de invasión de los que nosotros recibimos información. De ellos, 40 fueron en cuarentena (que se prolongó de marzo al 1 de diciembre) y un aspecto que es muy importante, ya no son solo viviendas y residencias", explica el coordinador de la organización Frente en Defensa del Norte de Caracas.
Según sus registros, el 57 % de las invasiones son a "locales comerciales y edificios de industriales con apoyo directo, complicidad, unas veces por acción y otras por omisión del Ejecutivo".
Rojas detalla que los ocupantes "buscan edificios que son vulnerables, apartamentos que estén solos" pero advierte que "las invasiones no tienen que ver con el tema de vivienda, tiene que ver con un negocio que tiene que ver con matiz político y económico".
"La violación a la propiedad privada es una política de estado", concluye.
INDEFENSIÓN
"Hemos hecho muchas gestiones ante Fiscalía y organismos de seguridad y ha sido muy difícil restituir el derecho de propiedad porque las leyes no nos apoyan y hay un estado de indefensión", explica a Efe Omar Pérez.
Su familia tiene varios apartamentos en un céntrico edificio que han sido ocupados. De algunos, explica, dejaron de pagar el alquiler, otros fueron invadidos por desconocidos.
Uno de esos apartamentos, comenta, quedó vacío hace ocho años, cuando los arrendatarios se fueron de Venezuela, pero otra familia lo "cuidaba" aunque no vivía allí. Cuando lo supo, puso un candado a la puerta para evitar que aquellas personas que no conocía pudieran acceder a la vivienda de su propiedad.
"Apenas hicimos eso apareció un supuesto movimiento de inquilinos liderado por (el entonces candidato a diputado por el oficialismo) Rigel Sergent (...) y ese grupo de personas, junto con otras personas del movimiento de inquilinos y otras personas del edificio procedieron a reventar las puertas del apartamento y las destruyeron", explica.
En ese caso y tras una disputa judicial consiguió que no entraran a su vivienda, algo que no logró en los otros apartamentos, de los que sigue pagando el mantenimiento para evitar una expropiación legal y advierte: "Sencillamente, me voy a arruinar".
El riesgo de perderlo todo, como Mariñas, de arruinarse. Son dos casos entre muchos de propietarios de talleres o viviendas que temen que el nuevo Parlamento extienda las redes de la ocupación en toda Venezuela y sean todavía más quienes se queden sin nada.
Gonzalo Domínguez Loeda
