Ciudad de México, 30 ago (EFE).- Miles de familias mueven cielo y tierra para encontrar a sus desaparecidos en México, ahora con el apoyo decidido del Gobierno, pero su titánica labor choca muchas veces con la ineficacia o incluso el desdén de las fiscalías y una impunidad desatada.
"En materia de justicia hay una gran deuda y no hay ningún avance. Tenemos que repensar el sistema forense, quitárselo a las fiscalías y hacerlo independiente", resumió la encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, en entrevista con Efe por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas de este lunes.
México sufre una severa crisis con más de 90.000 desaparecidos desde 1964, año en que comenzaron los registros, si bien la inmensa mayoría sucedieron después de 2007, con el inicio de la llamada guerra al narcotráfico bajo el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
La mayoría de fosas clandestinas se encuentran en Jalisco, Colima, Sinaloa, Guanajuato y Sonora, estados con fuerte presencia del crimen organizado.
GOBIERNO VS FISCALÍAS
Quintana aseguró que "es la primera vez que el Gobierno mexicano acepta que existe una crisis de desaparición de personas".
Antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia en diciembre de 2018, las familias "habían asumido la tarea" de búsqueda por ellas mismas, pero ahora la comisión nacional las acompaña.
Este lunes, el Gobierno presentó un grupo coordinador para poner en marcha el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y anunció que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU visitará por primera vez México cuando la pandemia de coronavirus lo permita.
Pero la relación entre la comisión, perteneciente a la Secretaría de Gobernación, y la Fiscalía General de la República (FGR) no es tan fluida como cabría esperar.
El fiscal general, Alejandro Gertz, impulsó una reforma del organismo para limitar su presencia en los mecanismos de búsqueda de personas al considerar que vulneraban su autonomía.
"Uno de los problemas más fuertes viene de las prácticas de las propias fiscalías. Si no se trata de manera coordinada la búsqueda de personas, difícilmente se combatirá esta crisis", reprochó Quintana.
La comisionada lamentó que hay más de un 94 % de impunidad, no existe "un tratamiento igualitario a las víctimas", no hay sentencias por violaciones a los derechos humanos ni grandes causas judiciales abiertas, además de una grave crisis forense con miles de cuerpos sin identificar.
Mientras que la Comisión Nacional de Búsqueda está limitada en cuanto a presupuesto y también en cuanto a funciones, pues necesita autorización de las fiscalías para hacer geolocalizaciones o inspecciones.
LA BARTOLINA, OTRA BARBARIDAD
Son miles de historias las que hay detrás de las desapariciones en México, algunas muy mediáticas, como el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en paradero desconocido desde 2014, cuya investigación fue reabierta por el actual Gobierno.
Semanas atrás, Quintana dio a conocer el caso de La Bartolina, un campo de exterminio y cremación del Cartel del Golfo hallado en 2017 en Matamoros (Tamaulipas) donde se han recuperado al menos 500 kilos de restos óseos calcinados.
Delia Quiroa cree que allí se encuentran los restos de su hermano Roberto, secuestrado en 2014 cuando su familia, que se dedicaba a la venta de comida y jugo, se negó a pagar las extorsiones del cartel.
"Ahí torturaban, descuartizaban y quemaban a la gente con diésel. Después echaban sus restos", contó a Efe Quiroa.
La Fiscalía General, que asumió el caso, impidió en un primer momento a Quiroa y a otros familiares acceder al predio porque está resguardado por investigaciones previas.
Ella se plantó hace unos días ante la sede del Ministerio Público en Ciudad de México, donde le informaron que en realidad solo han encontrado 67 kilos de restos, un dato que las familias no creen.
"El problema es la Fiscalía", acusó esta mujer, quien dijo: "Estoy cansada, agotada, se me va la vida en esto (...). Solo pido que identifiquen los cuerpos y sean entregados".
CONCENTRACIÓN EN PALACIO NACIONAL
Varias decenas de familiares de personas desaparecidas se concentraron este lunes frente al Palacio Nacional, residencia del presidente, junto a representantes de Amnistía Internacional, la ONU-DH y la Unión Europea.
"Para nosotros (este día) no es nada que celebrar, es recordar el dolor, el sufrimiento y la tortura que estamos pasando", dijo a Efe Yoltzin Martínez, que busca a su hermana Yatzil, desaparecida en 2010 en Acapulco.
Pintaron en el suelo de la céntrica plaza del Zócalo un gigantesco "+90.000" por al cifra de desaparecidos y pidieron una reunión con el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien este lunes sustituyó a Olga Sánchez Cordero.
"El mensaje ha sido muy claro de que la búsqueda es una prioridad y vamos a seguir impulsando esto", aseguró la comisionada nacional tras el cambio en el gabinete.
