Madrid, 17 dic (EFE).- El bloqueo persistente de la renovación de miembros del Tribunal Constitucional y, sobre todo, del Poder Judicial ha desencadenado una grave crisis política e institucional en España, alentada con duros reproches cruzados entre el Gobierno y la izquierda, de un lado, y la derecha y parte de la judicatura de otro.
El cenit del enfrentamiento político por ahora llegó el jueves pasado, cuando el Congreso aprobó, en medio de una gran bronca, una reforma urgente que deroga el delito de sedición y reduce penas en el de malversación; está auspiciada por el Gobierno, formado por una coalición de los socialistas (PSOE) y los izquierdistas de Unidas Podemos.
Según denunció la derecha, esto beneficiará con una revisión de penas a los líderes soberanistas condenados por el proceso independentista ilegal de la región de Cataluña en 2017. Salieron de la cárcel al ser indultados en 2021, pero siguen inhabilitados para ejercer cualquier cargo público.
REFORMA POLÉMICA
En la misma modificación legislativa, que aún debe confirmar el Senado, se incluye una enmienda acordada por esas dos fuerzas políticas gobernantes que rebaja el sistema de mayorías del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando elige a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden. La intención es sortear así el actual bloqueo en su renovación.
Otra enmienda modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional eliminando el plácet, el examen de la idoneidad, de los nuevos magistrados.
Los conservadores del Partido Popular (PP), que rehusaron votar en señal de protesta, creen que se tata de un ardid "inconstitucional" para "controlar" el TC, así que recurrieron en amparo al propio tribunal para que frenase la tramitación parlamentaria cautelarmente.
El Constitucional, sin embargo, aplazó hasta el lunes próximo la decisión, ya que Unidas Podemos ha pedido la recusación del presidente y uno de sus magistrados, que deberían abandonar el propio tribunal por efecto de la reforma en cuestión.
Lejos de aflojarse la tensión política, este sábado prosiguieron las acusaciones entre el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, y el líder opositor conservador, Alberto Núñez Feijóo.
PARTE DEL PODER JUDICIAL, MOLESTO CON SÁNCHEZ
Sánchez, que se encontraba en Bruselas el jueves pasado, aseguró entonces que PP y el partido de extrema derecha Vox habían urdido un "complot" para intentar "amordazar" al Parlamento y "secuestrar" al Tribunal Constitucional.
"Estamos ante un intento de atropellar -añadió- la democracia por parte de la derecha política y judicial jaleadas por la derecha mediática", unas declaraciones que causaron un fuerte malestar en parte del Poder Judicial.
Ocho vocales del llamado sector "conservador" del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces españoles, consideraron hoy "irresponsable" que Sánchez pronunciara esas palabras, al tiempo que reivindicaron "el imperio de la Constitución".
Son "carentes de todo fundamento y más aún cuanto que supone transitar de la confrontación partidista a la deslegitimación de la instituciones ante la ciudadanía", argumentaron los magistrados conservadores en un comunicado.
Criticaron también las "groseras descalificaciones" de varios portavoces parlamentarios contra el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial en el pleno del Congreso aprobó las modificaciones legislativa citadas con el apoyo de la izquierda, los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes.
Algunos acusaron a la derecha de querer dar un "golpe" contra el Parlamento valiéndose de "togas" para que el TC paralizase el debate y la votación.
La judicatura viene sufriendo desde hace tiempo el ataque verbal de fuerzas parlamentarias como Unidas Podemos ("fachas con toga") e independentistas catalanes que cuestionan su compromiso democrático.
ÓRGANOS CONSITUCIONALES EN FUNCIONES
Mientras tanto, el CGPJ se encuentra en funciones desde hace cuatro años. Es un órgano colegiado de 20 miembros, elegidos por tres quintos del Congreso y del Senado entre jueces y juristas de reconocida competencia.
Esto requiere el acuerdo, que no llega, de los dos partidos mayoritarios: el socialista (PSOE) y el conservador (PP), que se culpan del bloqueo recíprocamente.
El Tribunal Constitucional, por su parte, está formado por 12 magistrados; dos son nombrados por una mayoría de al menos tres quintos de los miembros del CGPJ.
El 13 de septiembre pasado venció el plazo legal para la renovación periódica de esos dos magistrados, sin que hasta la fecha los vocales conservadores se hayan sentido concernidos por ello.
Jesús Lozano
