Bangkok, 19 sep (EFE).- Las fuerzas de la junta militar birmana han intensificado este fin de semana los ataques contra civiles en el estado Chin, en el oeste del país, en medio del agravamiento del conflicto armado desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero.
Al menos diecinueve viviendas quedaron destruidas debido a los ataques con artillería por parte del Ejército birmano el sábado en la localidad de Thantlang y también se enfrentaron a los grupos de defensa civil en Hakha, ambas localidades en Chin.
Según el medio local "The Chinland Post", los soldados mataron a un pastor cristiano que salió a apagar una vivienda incendiada por la artillería y presuntamente le cortaron un dedo para robarle el anillo de oro de casado.
"El asesinato de un ministro baptista y el bombardeo de viviendas en Thanlang, en el estado Chin, son los últimos ejemplos del infierno viviente creado a diario por las fuerzas de la junta contra el pueblo birmano", dijo en Twitter el relator especial de la ONU para Birmania, Tom Andrews.
"El mundo tiene que prestar más atención. Más importante, el mundo tiene que actuar", agregó Andrews.
Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, sigla en inglés), más de 206.000 personas han sido desplazadas debido al conflicto tras el golpe de febrero y 3 millones de personas requieren ayuda en el país.
"La situación humanitaria sigue siendo compleja debido a los enfrentamientos armados, la inseguridad, las lluvias monzónicas y también los brotes de la covid-19", señaló la OCHA en un informe reciente.
El Ejército justifica la toma de poder por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales del pasado noviembre, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de la líder depuesta Aung San Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de los observadores internacionales.
El rechazo al golpe de los militares se ha puesto de manifiesto con protestas a lo largo del país y un movimiento de desobediencia civil que ha conseguido parar a parte de la Administración y del sector privado.
Al menos 1.109 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, mientras se mantiene detenidos a casi 6.613 opositores, según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.
El golpe también ha recrudecido el conflicto armado en el país con el nacimiento de nuevos grupos de defensa contra la junta militar, muchos de ellos bajo el paraguas de un Gobierno democrático alternativo formado por antiguos parlamentarios y activistas.
