Ciudad de México, 31 dic (EFE).- En 2022, en México, se dio por fin el rompimiento definitivo de la versión construida durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero también se crearon nuevas dudas y continuaron enquistados temas como la participación de las Fuerzas Armadas.
AVANCES
El pasado 18 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de México, Alejandro Encinas, presentó el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso de la Justicia del Caso Ayotiznapa (Covaj).
A partir de este documento es que surge una nueva etapa en el caso, que trajo luz en algunos sentidos.
El informe concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fue un "crimen de Estado" en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.
Esta información había sido mencionada en numerosas ocasiones por las familias y también por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las autoridades habían sido reticentes a aceptar la participación directa de las Fuerzas Armadas, pero en este documento se confirma explícitamente.
Asimismo, el 19 de agosto fue detenido Jesús Murillo Karam, extitular de la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR) de 2012 a 2015, el funcionario de mayor nivel enjuiciado por esta desaparición de los estudiantes mexicanos.
Murillo Karam está acusado por la Fiscalía de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con el caso.
Por el momento, permanece en prisión preventiva a pesar de sus problemas de salud, con los que han tratado de que cumpla su proceso en libertad condicional.
Por otra parte, se emitieron órdenes de detención en contra de 83 personas, entre ellas 20 cargos militares y otros de los batallones de la ciudad de Iguala y algunas de estas, pocas, ya se han cumplido.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declaró el 22 de agosto que no habrá impunidad para quienes participaron en la desaparición de los estudiantes. El discurso ha cambiado claramente.
PENDIENTES
Lo más grave y todavía pendiente desde aquel 26 de septiembre de 2014 es que los jóvenes no han regresado con sus familias.
No se conoce su paradero y la justicia ha fallado una vez más en este caso.
El informe de agosto dice que no hay evidencias de que sigan con vida, pero tampoco presenta evidencias de que hayan muerto.
La Comisión de la Verdad identificó en 2020 los restos de Christian Alfonso Rodríguez y los de Jhosivani Guerrero en la barranca de la Carnicería, a un kilómetro del basurero en el que, según la "verdad histórica", estarían los cuerpos de los estudiantes.
Previamente, en 2014, las autoridades habían identificado los restos de Alexander Mora.
Además de que fue un avance mínimo, del resto no hay ni rastro, en gran medida, por la opacidad de las Fuerzas Armadas.
Muchas de las respuestas podrían estar al interior de los batallones militares, donde podría haber llegado uno de los grupos de estudiantes.
La CIDH, en su tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) -presentado en noviembre- estableció que continúa observando que el acceso a la información, documentos y archivos en posesión de las autoridades de seguridad nacional sigue representando “uno de los mayores desafíos” para el esclarecimiento del caso.
También falta por extraditar a Israel Tomás Zerón, exdirector de la hoy extinta Agencia de Investigación Criminal, al ser considerado uno de los autores clave de la "verdad histórica".
En este sentido, y a pesar del fuerte compromiso de las instancias gubernamentales, también se acredita la falta de un plan comunicacional efectivo.
A finales de octubre el GIEI declaró que, tras un peritaje, "no es posible garantizar la originalidad de los mensajes" de sospechosos en la desaparición de los jóvenes en septiembre de 2014 presentados en capturas de pantalla en el reporte del Gobierno (de agosto).
La salida del exfiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), Omar Gómez Trejo, quién tenía la confianza de los familiares de los estudiantes, pone en peligro los riesgos obtenidos y, sobre todo moralmente, implica un retroceso para los padres y madres, además de abonar a la falta de un plan de comunicación.
