Tokio, 11 feb (EFE).- Los titulares de Asuntos Exteriores de Japón y Estados Unidos, Toshimitsu Motegi y Antony Blinken, condenaron el uso de fuerza por parte de las autoridades de Birmania contra las protestas civiles en ese país, durante una conversación telefónica hecha pública hoy por el Ejecutivo nipón.
Motegi y Blinken expresaron su "firme condena contra los disparos a manifestantes pacíficos" que tuvieron lugar el pasado martes durante las protestas en varias ciudades de Birmania (Myanmar), realizados con proyectiles de goma y que dejaron a una joven de 20 años en estado crítico.
Ambos cancilleres también manifestaron "su seria preocupación sobre la situación actual" en el país asiático e instaron a las fuerzas de seguridad "a detener inmediatamente las respuestas violentas contra civiles", según un comunicado del Ministerio de Exteriores japonés.
La conversación telefónica entre Motegi y Blinken tuvo lugar poco antes de que el presidente estadounidense, Joe Biden, anunciara este miércoles la imposición de sanciones económicas a miembros del gobierno militar que tomó el poder la semana pasada en Birmania, a la vez que insistió en que los militares "deben renunciar".
Los militares de Birmania "deben renunciar al poder tomado y demostrar respeto por la voluntad del pueblo, expresada en las elecciones del 8 de noviembre", aseguró Biden en una intervención desde la Casa Blanca.
El Ejecutivo japonés por ahora no se ha pronunciado sobre si seguirá los pasos de Washington para imponer medidas punitivas sobre el gobierno militar birmano.
Tokio ha mantenido por el momento una actitud cauta sobre esta opción, debido a su preocupación por el posible acercamiento a China de Birmania que podría causar su mayor aislamiento, según los expertos.
En la víspera, miles de personas volvieron a salir a las calles en varias ciudades birmanas sin que constara si hubo represión policial como sucedió el martes.
Por quinto día consecutivo, una multitud se echó a las calles para pedir el fin del gobierno militar establecido tras el golpe de Estado del 1 de febrero y la liberación de los líderes democráticos detenidos, entre ellos la nobel de la paz y depuesta líder Aung San Suu Kyi.
