El 10 de abril, los legisladores de Maryland rechazaron el veto del gobernador republicano Larry Hogan a la legislación de reforma policial, convirtiendo al estado en el primero en el país en derogar la Declaración de Derechos de los Oficiales de Aplicación de la Ley.
¿De qué se trata?
A nivel nacional, esta fue la primera iniciativa legal que codificó las protecciones en el lugar de trabajo para los policías mucho más allá de las que se otorgan a otros empleados del gobierno.
Esto incluía darles un período de espera formal antes de que tuvieran que cooperar con las investigaciones internas sobre conducta policial, borrar los registros de las denuncias presentadas contra ellos después de cierto período y se aseguraba de que solo otros oficiales –no civiles– pudieran investigarlos.
No era un proyecto de ley controvertido en su momento allá en 1973, eso dicen los legisladores. Sin embargo, durante más de cuatro décadas, señalan los críticos, la Declaración de Derechos de los Oficiales de Aplicación de la Ley ha sido uno de los mayores obstáculos a la responsabilidad policial, limitando las investigaciones y protegiendo del escrutinio público la mala conducta de los uniformados.
Según la declaración de derechos existente, los agentes de la ley no tienen que demostrar que una amenaza para ellos era “real”, solamente que la podrían haber “percibido o percibido erróneamente” y actuar en consecuencia de esa percepción con fuerza.
Como resultado, el uso de la fuerza por parte de un oficial a menudo se considera justificado.
Lo que ha hecho Maryland es ponerle fin a la ley que daba estos privilegios a los policías y que
–por ende– les permitía encubrir los abusos.
